REFORMAS AL DECRETO RENUEVAN EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO

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•       El certamen será ahora más trasparente, competitivo y con mayor beneficio para las y los comunicadores potosinos.

Las reformas al decreto que establece los Premios Estatales de Periodismo (PEP), presentadas por legisladores y legisladoras de distintos partidos, garantizan un certamen más trasparente y de mayor beneficio para las y los periodistas de San Luis Potosí.
El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno, celebró dichas reformas, ya que aumentan la cantidad de categorías a premiar, incluyendo por primera vez las de equidad de género y difusión de ciencia y tecnología, además de que oficializa las categorías de periodismo regional y crónica deportiva, que no estaban contempladas en el decreto original, pero que Comités de dicho certamen en ediciones anteriores las incluyeron de manera no oficial.
El PEP será ahora más trasparente, porque el decreto contiene las inquietudes que diversas trabajadoras y trabajadores de la comunicación hicieron llegar al Ejecutivo, a través del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de San Luis Potosí.
Por otro lado, la dependencia estatal considera que el PEP nunca ha perdido su carácter ciudadano, porque, con ese carácter, las y los periodistas de San Luis Potosí reflejan en su labor diaria las necesidades, las demandas y las propuestas de la ciudadanía a la que pertenecen.
“El PEP no es solo un reconocimiento a la labor periodística, también es un aporte del Estado para revertir la precariedad y las difíciles condiciones con que este gremio realiza su importante labor”. 
Finalmente, se aclara que hasta en tanto no sean las empresas de comunicación o las asociaciones de periodistas quienes aporten los recursos económicos y logísticos necesarios para este certamen –como sucede en otros estados del país- el Premio Estatal de Periodismo en San Luis Potosí es y seguirá siendo oficial, ya que los recursos erogados son públicos y administrados por el Estado.