Los ayuntamientos entrantes desde el 1 de octubre tienen un plazo de 30 días hábiles para denunciar anomalías de las autoridades que entregaron, así lo señaló el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
En ese plazo, las nuevas autoridades deben elaborar un acta circunstanciada que enumere los hechos u omisiones que derivaron de la entrega – recepción.
De encontrar irregularidades, las autoridades salientes tendrán 15 días para aclarar lo que se refiere a recursos, documentación y bienes públicos, pero de no hacerlo, se procederá conforme a la Ley y podrían tener responsabilidades de tipo penal o civil.
Luego de admitir que durante los actos protocolarios hubo algunas incidencias particulares, el titular del IFSE exhortó a los nuevos funcionarios municipales para que verifiquen y validen el acta de entrega-recepción y denuncien si detectan malas prácticas en los ayuntamientos.
