Pese a la posibilidad de ser sancionado o inhabilitado para ejercer cargos públicos, por posibles observaciones millonarias detectadas por el Instituto de Fiscalización del Estado (IFSE) del año 2023, el exalcalde de Villa de La Paz, Armando Torres «El Jicama», fue «premiado» por la Secretaria del Bienestar, quien recientemente lo nombró coordinador regional de los programas federales.
Al exedil paceño también se le ha cuestionado por no informar ampliamente la utilización de más de 100 millones de pesos que el municipio recibió procedentes del Fondo Para el Desarrollo Regional Sustentable, llamado «Fondo minero».
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y contando solamente los millones y los miles de pesos, Villa de la Paz ejerció los siguientes montos: 17 millones 287 mil pesos del año 2014; 20 millones 334 mil pesos del año 2015; 28 millones 191 mil pesos del año 2016; 20 millones 813 mil pesos como saldo 2014-2015; y 32 millones 964 mil pesos del año 2017.
De todos estos montos, la SEDATU no especifica a cuánto ascendió el recurso del fondo minero entregado a Villa de la Paz en el 2018, año en que Armando Torres inició el primero de los dos trienios que estuvo como presidente municipal, pero a pesar de esto, le dieron un puesto en el gobierno federal.