DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA IMPULSA UNA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Con el objetivo de precisar los periodos para la integración de las Juntas de Participación Social, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí.
Con esta iniciativa se precisa que la convocatoria para la integración de las Juntas se expedirá por las autoridades municipales respectivas, en coordinación con el CEEPAC antes del uno de noviembre del año de la elección constitucional, para quedar conformadas a más tardar el uno de diciembre de la anualidad citada.
Además, se establece que las personas que conformen las Juntas, podrán ser reelectas de manera consecutiva en su encargo por un periodo adicional.
Esto permitirá que efectivamente sean los ayuntamientos entrantes los que desarrollen dicha actividad en cuanto inicien funciones; esto debido a que actualmente la fecha prevista para dicha renovación trae como consecuencia que las juntas sean renovadas a la mitad del periodo de ejercicio de un ayuntamiento, sin permitir que el ayuntamiento entrante las renueve, sino hasta la mitad de su encargo.
Adicionalmente a lo anterior, también resulta necesario resaltar la importancia de que los trabajos de las juntas de participación ciudadana tengan continuidad una vez que éstas son renovadas; para ello, se estima procedente que quienes han participado en las mismas puedan reelegirse en el cargo para el cual fueron electos por la ciudadanía de su comunidad.
Esto, además de promover la rendición de cuentas de quienes desempeñan una labor en favor de la sociedad, también genera conocimiento adquirido que puede transmitirse a quienes por primera vez las integran, y de este modo además de dar la continuidad a los trabajos, permitir que los procedimientos que se llevan a cabo por las juntas, se realicen con mayor prontitud y con conocimiento de las disposiciones que les aplican.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales.