SE TRABAJARÁ DE MANERA COORDINADA PARA REALIZAR LAS REFORMAS LEGALES PERTINENTES PARA DARLE FORMA A LA CREACIÓN DE ESTA FISCALÍA ESPECIALIZADA
SE DETECTARON 129 ELEMENTOS DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN QUE NO HABÍAN CUMPLIDO CON LA APROBACIÓN DE SUS EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA
El Fiscal General del Estado, José Luis Ruíz Contreras, compareció ante las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, con motivo de su Informe Anual de Actividades.
A cuestionamientos de los diputados Juan Francisco Aguilar Hernández, Martha Patricia Aradillas Aradillas, José Luis Fernández Martínez, Dolores Eliza García Román y Ramón Torres García dio a conocer que derivado del exhorto emitido por el Congreso del Estado, colectivos y diversos grupos sociales, se tiene prevista la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, que integrará las acciones de la unidad especializada en la materia que actualmente funciona en la Fiscalía y que fortalecerá los trabajos de investigación y periciales en estos hechos.
El legislador Fernández Martínez dijo que trabajará de manera coordinada para realizar las reformas legales pertinentes para darle forma a la creación de esta Fiscalía Especializada.
A pregunta de las diputadas Dolores Eliza García y Gabriela Martínez Lárraga, el funcionario destacó que toda muerte violenta de una mujer se investiga bajo el protocolo de perspectiva de género, por parte de la unidad de feminicidio y con personal de la unidad de la policía de investigación.
Dijo que el año pasado se abrieron un total de 24 carpetas por feminicidio; hoy se tienen 9 carpetas con 11 feminicidios, ya que en una carpeta se integran dos muertes violentas de mujeres, lo cual representa una disminución importante de este delito.
Respondió a los cuestionamientos de la diputada Gabriela Martínez Lárraga, el Fiscal General indicó que la integración de las carpetas de investigación por muerte violenta de personas se integra bajo la perspectiva de violencia de género, al igual que en los casos anteriores para su investigación y resolución.
Aclaró que el hecho de que la carpeta se inicie bajo el hecho de feminicidio, no implica que se esté en presencia de un hecho delictivo de esas características, ya que el propio Código establece la posibilidad de una reclasificación a homicidio.
En lo relacionado a la sustracción de menores, en relación a la violencia vicaria, indicó que se trabaja en coordinación con el DIF y la Fiscalía se trabaja para sancionar conductas que vayan en contra del interés superior de los menores de edad.
En lo relacionado a la eficiencia de Alerta Amber, de 413 eventos y se han recuperado 390 personas, lo que representa más del 90 por ciento de efectividad.
La diputada Liliana Flores Almazán cuestionó sobre el avance en las audiencias relacionadas con denuncias relacionadas con delitos sexuales, en un 107 por ciento ante el Poder Judicial; a lo que el Fiscal manifestó que entre los avances se encuentra las audiencias iniciales, y la ratificación de medidas de protección a favor de las víctimas para avanzar en los procedimientos.
Destacó que se visualiza una problemática a nivel estado, donde la violencia familiar es una de las constantes, y exigencias de la sociedad en sus vertientes, desde agresiones físicas, económicas, y sexuales, por lo que se implementan acciones para avanzar en este rubro.
En lo relacionado al abatimiento al rezago en asuntos, existe rezago en el sistema Inquisitivo o anterior, donde se está trabajando por medio de programas y metas, al igual que en el actual Sistema Penal Acusatorio.
En lo relacionado al trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, respondió al legislador Aguilar Hernández, y manifestó que los resultados en contra de ex funcionarios relacionados con hechos de corrupción han sido palpables, ya que se logró una recuperación de 60 millones de pesos.
Destacó que como parte de estos trabajos, el día de ayer se ejecutó una orden de aprensión en contra de una ex presidenta municipal de Villa Hidalgo, a quien se le reclama el desvío de más de 27 millones de pesos.
En lo relacionado a la reparación de daño, como parte de las funciones del Sistema Penal Acusatorio, respondió al cuestionamiento de la diputada Yolanda Josefina Cepeda, y manifestó que en los delitos que pueden ser motivo de conciliación, se ha privilegiado este aspecto, logrando en el último año una recuperación de 143 millones de pesos.
A pregunta del diputado José Luis Fernández, el Fiscal destacó que se privilegia la resolución de conflictos como parte del Sistema Penal Acusatorio, en los delitos que pueden ser aplicables, lo cual ha evitado un proceso penal.
A pregunta del diputado Eloy Franklin Sarabia, el Fiscal General respondió que al inicio se llevó a cabo una depuración de elementos de la policía de investigación, ya que se contaba con personal que estaba contratado bajo otro esquema y que no formaba parte de los exámenes de control y confianza ni el curso de formación básica, requisitos indispensables para formar parte de los elementos de seguridad y custodia.
Ruiz Contreras indicó que existe un déficit en cuanto a personal de policías de investigación, peritos y ministerios públicos, por lo cual en próximos días se abrirá la convocatoria respectiva para contar con elementos nuevos y que puedan cubrir el perfil adecuado.
En este mismo tema, respondió también a los cuestionamientos del diputado Rubén Guajardo Barrera, y manifestó que al inicio de su gestión se detectaron 129 elementos de policía de investigación que no habían cumplido con la aprobación de sus exámenes de control y confianza, desde 2013 a 2021, pero que nunca se les instauró un proceso de separación, por lo cual se inició un proceso de reevaluación en 124 casos y 5 restantes se inició el procedimiento de separación de cargo que está en proceso.
En estos procesos se está cuidando la garantía para ser escuchados en esos procedimientos, pero la falta de aprobación de estos exámenes es motivo para la culminación de la relación laboral.
En lo relacionado a negligencias del personal de investigación en su actuación, dijo que se han implementado diversas acciones por parte del área de la Visitaduría General mediante supervisiones periódicas, y con agentes del ministerio público para prevenir acciones de omisión o negligencia, y si se detecta se instruye para que solventen los procedimientos y si se advierte que hubo negligencia o dolo, se inicia un proceso de sanción. En este sentido, indicó que existen 4 carpetas abiertas contra fiscales, derivadas de quejas y que fueron canalizadas a la Visitaduría para su atención.
En lo relacionado a robo de vehículos, el funcionario respondió al cuestionamiento del diputado René Oyarvide y destacó que en este 2022 se redujo el número de unidades robadas con respecto a la anterior administración, al pasar de 27 robos diarios a 13; y se han desarticulado bandas criminales de robo.
Señaló que en este ejercicio se recuperaron más de 2 mil 600 vehículos, en acciones conjuntas con aseguradoras, REPUVE y otras instancias, y se han generado acciones concretas con otros estados como Zacatecas, Querétaro y Guanajuato, para dar seguimiento a los vehículos que son robados con violencia.
Se ha dado seguimiento al uso de los vehículos que son robados y que son usados para otro tipo de ilícitos, o para llevarlos a la venta en otros estados, por lo cual recomendó que para la compra venta de éstos, se revise en las plataformas de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Seguridad, los propietarios y que no cuenten con reporte de robo.
Respondió a los cuestionamientos de la diputada Emma Saldaña, Nadia Ochoa Limón, Elena Ramírez y Mauricio Ramírez Konishi manifestó que en materia administrativa, señaló que se recibió la FGE con 2,037 personas, y se redujo el número de personal a 1754, lo cual representa un ahorro del 10 por ciento, esto debido a un diagnóstico integral que ayudó a determinar donde se debería terminar la relación laboral con personal que no cubría el perfil requerido.
Dentro de estas acciones, se reubico a 400 trabajadores sindicalizados, para que se sumaran a los esfuerzos en diferentes áreas, lo cual generó economías en la institución que fueron aprovechadas para la adquisición de vehículos y saldar deudas con personal jubilado, con quienes se tenían adeudos desde 2019.
En lo relacionado al servicio profesional de carrera, indicó que se mantienen las acciones para que todo el personal cumpla con la aprobación de los exámenes de control y confianza, como parte de las obligaciones.
A pregunta del diputado Alejandro Leal Tovías, el Fiscal General manifestó que se están realizando también acciones conjuntas con estados vecinos como es el caso de Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas, para procurar un esquema de colaboración con los estados para prevenir los hechos delictivos.
En lo relacionado a las estrategias implementadas para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía, respondió al cuestionamiento del diputado Ulises Mendoza, y manifestó que dentro de las acciones fue la creación del órgano de control interno para sancionar a funcionarios que no cumplen con su obligación, y la creación de la Comisión de Honor y Justicia para sancionar a los elementos de investigación que incurren en faltas, que agravian a la población.
En materia indígena, respondió a los cuestionamientos de la diputada Bernarda Reyes Hernández, y manifestó que luego de 4 años acéfala, se nombró al titular de la vicefiscalía de Pueblos y Comunidades Indígenas, y se dotó de equipo y personal en la zona huasteca.
Destacó también que dentro de la convocatoria para nuevos elementos de la policía de investigación que esta próxima a emitirse, se dará la integración intercultural para la integración de personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas.
En cuanto a las acciones en relación a la desaparición de personas, respondió al cuestionamiento de la diputada Emma Saldaña y manifestó que en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se establecen las acciones respectivas obteniendo resultados favorables y una coordinación efectiva para las diligencias de prospección.
En relación a los robos a centros educativos, respondió al cuestionamiento de la diputada Claudia Tristán Alvarado y señaló que se cuenta al momento con 140 carpetas de investigación por este ilícito tanto en escuelas públicas como privadas, en el cual se estará trabajando en coordinación con las instituciones públicas, los padres de familia para avanzar en su investigación.
En relación a la iniciativa propuesta por diversos legisladores para lograr una reclasificación de este ilícito a robo calificado, el Fiscal General consideró que será un aliciente para evitar estos ilícitos y emprender acciones más severas contra las personas que lo cometen en detrimento de la sociedad.
El diputado Salvador Isais Rodríguez solicitó que se puedan reducir los tiempos de espera y atención para la ciudadanía, a lo que el Fiscal indicó que se han generado acciones para reducir tiempos de espera y atención, de acuerdo a los tipos de delitos, de manera que sean canalizados y atendidos puntualmente, priorizando las medidas de salud a favor de las víctimas.
En su primera intervención, el Fiscal manifestó que al encabezar las labores de este órgano, se encontró con situaciones administrativas adversas que impedían un buen desarrollo del trabajo de procuración de justicia, situación que se ha ido subsanando.
Destacó la participación en la integración del Plan Estatal de Desarrollo dentro del eje de Justicia, en congruencia con las acciones del Plan Nacional en la materia, lo que permitió la integración de un Plan de Persecución Penal, el cual diseña estrategias y metas anuales de medición de resultados y acciones, como la reactivación del sistema de prevención de delitos.
Señaló que con la activación de este Plan de Persecución Penal se permitirá llevar a la Fiscalía General del Estado a una transformación institucional, donde se incluya la utilización de tecnologías de la información. Agregó que este documento se entregará en breve a los legisladores para su conocimiento.
La comparecencia estuvo encabezada por la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga, presidenta de la Comisión de Justicia, y el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina, secretario de esta comisión.
