APROBÓ NUEVOS REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; NO DEBERÁN HABER EJERCIDO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, llevaron a cabo una reunión de trabajo en donde desahogaron diversos dictámenes sobre iniciativas presentadas por legisladores y ciudadanos, y también se atendieron los asuntos turnados.
Se aprobó por unanimidad el dictamen sobre la iniciativa que plantea adicionar al artículo 17 las fracciones XI y XII de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, para establecer dentro de los requisitos para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana, no tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa.
El dictamen aprobado, plantea que es necesario reconocer el flagelo que representa la violencia que se comete contra la mujer, y que en tanto no se implementen acciones que las inhiban su comisión seguirá en aumento, por lo que en virtud de ello, se modificaron los numerales, 92, 199, y 277, de la Ley Electoral del Estado, para adicionar entre los requisitos para ser titular del órgano interno de control del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como candidato o candidata independiente, y candidata o candidato para cargos de elección popular propuestos por partidos políticos.
Por ello, se reforma el artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí porque la violencia contra las mujeres en México es uno de los más graves problemas sociales que ha incrementado su incidencia, así como la brutalidad con la que se comete.
Esta violencia contra las mujeres, lamentablemente, en algunas ocasiones ha sido cometida por funcionarios públicos, representantes populares y políticos, quienes deberían ser los primeros comprometidos con el cese y erradicación de estas inaceptables conductas, actos que contribuyen a generar una percepción de permisividad hacia esa violencia, que deteriora de forma sensible la confianza que se les brinda a quienes tienen la obligación de llevar a cabo acciones contra la violencia de género, pues éstos no podrían hacerlo si son perpetradores de ese flagelo.
El dictamen será sometido a la consideración del Pleno para su análisis y posterior votación en sesión ordinaria.
