El diputado Roberto García Castillo, consideró que uno de los cambios más significativos en materia de justicia en el país, es la Reforma Integral al Poder Judicial, lo que representa un paso hacia la democracia y la aplicación de una justicia imparcial.
Indico que la determinación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se compondrá de nueve ministras y ministros, quienes durarán en su cargo un periodo de doce años, busca hacer del máximo tribunal del país un órgano más ágil, responsable y transparente, que pueda responder con eficacia a los retos del Estado de Derecho.
Hizo hincapié en que el punto central de la reforma es el establecimiento de un mecanismo democrático y transparente para la elección de las autoridades judiciales.
García Castillo señaló la justicia ya no es un privilegio, sino un derecho; «Este cambio es una acción contundente contra los vicios de la corrupción y el nepotismo que por décadas han contaminado al Poder Judicial. Con esta reforma, damos un paso firme para devolver al pueblo de México su derecho a una justicia imparcial, honesta y cercana».
La reforma también establece la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo órgano encargado de velar por la ética y disciplina de los miembros del Poder Judicial. Este tribunal garantizará que los funcionarios judiciales actúen con la mayor responsabilidad, reduciendo así los riesgos de corrupción y abuso de poder dentro del sistema judicial.
Manifestó que otro de los aspectos relevantes de esta reforma es la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la Suprema Corte. Esta medida no solo contribuye a la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino que también representa un acto de congruencia con la austeridad republicana que promueve el actual gobierno. Con ello, se busca reducir gastos innecesarios y destinar los recursos a áreas prioritarias del país.
Además, la reforma propone la creación de un Órgano de Administración Judicial, que permitirá mejorar la supervisión y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial, asegurando que este cumpla con su mandato de administrar justicia de manera efectiva, transparente y justa.
