EL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ REFORMAS A LA LEY DE ATENCIÓN Y APOYO A MIGRANTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Con el objetivo de integrar en el Consejo Estatal de Migración, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma las fracciones XXII y XXIII del artículo 30; y adiciona la fracción XXIV al mismo artículo 30 de la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta fue presentada por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, con el objetivo de apoyar a las personas migrantes, quienes son víctimas constantes de delitos como el robo, el tráfico ilícito de migrantes, la violación, el homicidio, o la corrupción de menores, por mencionar algunos actos deleznables.
Se indica que es importante que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como autoridad competente para conocer de la prestación de servicios, desarrollar lineamientos, e implementar acciones dentro de las instituciones encargadas de brindar atención y tratamiento, apoye a las personas migrantes al integrarse al Consejo Estatal de Migración, ya que la referida Comisión tiene un enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos.
En su exposición de motivos, se manifiesta que la protección de las personas migrantes ante los delitos es de toral importancia, de acuerdo al derecho internacional público, ya que es un derecho humano fundamental, ya que todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, tienen derecho a la protección de la ley.
Este derecho está reconocido en el derecho internacional, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Además, es necesario para garantizar la seguridad y la dignidad de los migrantes, ya que la violencia y la discriminación contra los migrantes pueden tener un impacto devastador en su seguridad y dignidad. La protección de los migrantes ante los delitos es esencial para garantizar que puedan vivir una vida segura y digna.
